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El Gobierno lanza un plan con 17.000 millones en infraestructuras y reserva el 70% al tren

abril 10, 2010

Hormigón, hierro y asfalto. Son los tres pilares de la construcción de las obras públicas a los que se encomienda el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, para tratar de que España empiece a salir de la crisis. El Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), presentado ayer por el jefe del Ejecutivo y su ministro de Fomento, José Blanco, prevé una licitación de 17.000 millones de euros entre el segundo semestre de este año y 2011.
Un 70% de este dinero irá destinado a acelerar y adelantar la construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad, de cercanías y de mercancías. El 30% restante, a carreteras e incluirá mejoras en el transporte colectivo.
En el caso de la Comunitat Valenciana, el nuevo plan, bien sea de manera directa o indirecta, indicaron fuentes del Ministerio, permitirá acelerar las obras del AVE entre Albacete, Alicante y Murcia y, especialmente, desde Valencia hasta Castellón. Posiblemente no adelante la llegada de los trenes de alta velocidad a Alicante (el calendario de obras llega a 2012), pero sí puede incidir en los plazos hasta Murcia y desde Valencia a Castellón.
Precisamente el ministro José Blanco presenta y explica hoy en Castellón el trazado del AVE que unirá la capital de la Plana con la de la Comunitat.
Se trata del primer acto oficial que celebra un titular del Ministerio de Fomento para hablar de manera concreta de este ramal de la línea de alta velocidad. La comparecencia del titular de Fomento se realiza después de que el Ministerio haya licitado las obras de los aproximadamente 65 kilómetros del trayecto entre ambas ciudades por 770 millones de euros.
Hasta ahora se había hablado de manera oficiosa de la llegada en 2014 del AVE a Castellón. Posiblemente José Blanco se comprometa hoy ante los castellonenses en una fecha, que seguramente será 2013 o como muy tarde la mencionada anteriormente.
El Plan Extraordinario de Infraestructuras, no obstante, todavía no ha designado los proyectos concretos sobre los que actuar, reconocieron ayer a LAS PROVINCIAS fuentes oficiales del Ministerio.
La presentación, a la que asistieron también la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, y numerosos empresarios de la obra pública y las finanzas, trataba de exponer las líneas maestras del plan. La segunda fase será la de constatar que el Ministerio podrá contar con esos 17.000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, del Instituto de Crédito Oficial, de la Asociación Española de la Banca, de la Confederación de Cajas de Ahorros y de las organizaciones empresariales de la obra pública.
En el PEI es esencial la colaboración público-privada, que permitirá, por mor de postergar los pagos a partir de 2014 y de la intervención de empresas públicas como Adif, que la inversión no forme parte de la contabilidad durante los años 2010 a 2013 y así no figure como endeudamiento del Gobierno.
La concesión en la construcción de obras públicas permitirá pagar una infraestructura de carreteras, tanto su construcción como su mantenimiento, en 30 años. Si la infraestructura es ferroviaria, el 50% de su coste se abonará durante las obras y el resto, durante los próximos 25 años a partir de que se terminen las obras.
El plan constituye, según indicó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «el mayor esfuerzo de colaboración entre el sector público y el privado de la historia». «Contribuirá al renacimiento de la economía y al mantenimiento del empleo, manteniendo un fuerte ritmo de inversión sin perjudicar las cuentas públicas», concretó.
Este plan extraordinario pretende anticipar para este año y el próximo inversiones en infraestructuras que se hubieran ejecutado más tarde. Fomento elegirá actuaciones que dispongan del proyecto de construcción redactado y que puedan dar continuidad a infraestructuras ya existentes. «El plan servirá para adelantar proyectos maduros», puntualizaron fuentes del Ministerio. Irá en la línea de cerrar itinerarios para que la ciudadanía los pueda disfrutar nada más finalicen las obras. En ese sentido, los proyectos que están en marcha serán los más beneficiados, indicaron las mismas fuentes.
Las actuaciones se determinarán según su contribución al desarrollo territorial, a la competitividad de la economía y a la rentabilidad social y medioambiental.
Este plan, según portavoces ministeriales, no comprometerá la estabilidad presupuestaria y lo podrán financiar los bancos y las cajas porque está diseñado para que estas entidades «puedan asumir los riesgos asociados a los proyectos y estos proporcionen, a su vez, una rentabilidad adecuada».
Las sociedades concesionarias financiarán con recursos propios al menos un 20% de la inversión inicial, señalan las bases del PEI.
Las organizaciones de empresarios de obras públicas que acudieron al acto mostraron su conformidad con esta iniciativa. Juan Miguel Villar Mir, propietario de la firma OHL, calificó de «muy positivo» el plan, opinión con la que coincidió la patronal de constructoras medianas, Aerco. Greenpeace y Ecologistas en Acción, por su parte, no dudaron en hablar del PEI como «timo» y «fraude».
Como «de la señorita Pepis» lo calificó Ridao, de Esquerra Republicana. Andrés Ayala, portavoz del PP, lo tildó de «fraude» y «cortina de humo», porque el plan no dispone de proyectos concretos.
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